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Aún lejos la justicia jurídica para los casos de violencia digital en Yucatán

Entre mayo de 2018 y enero de 2020 se abrieron 67 carpetas de investigación por delitos contra la imagen personal en Yucatán, pero aún no hay sanciones penales

Por Mariana Beltrán

La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es una de las formas de violencia de género digital más comunes en el país, de acuerdo con Luchadoras Mx.

En 2018, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), en conjunto con Luchadoras Mx y Article 19 publicaron una tipología de 13 de agresiones dadas en las tecnologías contra las mujeres.

Entre ellas, el acoso, las amenazas, la extorsión u hostigamiento tienen la intención de estigmatizar a la víctima y, en algunos casos, violar la intimidad a través de la filtración de imágenes íntimas sin consentimiento.

En 2019, el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) registró 17.7 millones de personas víctimas de acoso en el espacio digital, de las cuales el 53.1% fueron mujeres.

También reportó que las mujeres reciben mayor número de propuestas sexuales (40.3%) que los hombres (16.3%), 30.84% más que en 2017.

De 2012 a la fecha, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento se reconoció como delito en 28 estados del país.

Yucatán adoptó las reformas legislativas con la creación de delitos contra la imagen personal en el código penal estatal (artículo 243 bis 2,3,4), aprobado el 22 de junio de 2018 y en vigor desde el 1 de agosto de 2018 de ese mismo año, después de que la activista Ana Baquedano Celorio lograra que el Congreso local tipificara la pornovenganza como delito penal.

A su vez, la activista Olimpia Melo Cruz, del Frente Nacional por la Sororidad, ha conducido el conjunto de reformas conocidas como “Ley Olimpia”, que contempla sancionar conductas que se consideran formas de violencia de género contra las mujeres, relativas al contenido íntimo:

1. La producción sin consentimiento.

2. La difusión sin consentimiento.

3. El almacenamiento sin consentimiento.

4. La amenaza de difusión.

La protección de distintos derechos, entre los cuales está a la intimidad personal y al ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales de las personas —sobre todo de las mujeres— responde a asegurar que se pueda acceder a una vida libre de violencia.

De acuerdo con el informe “Justicia en Trámite, el Limbo de las Investigaciones sobre Violencia Digital en México”, 18 entidades del país —entre ellas Yucatán— han abierto 2,143 carpetas de investigación.

No obstante, el 83% sigue en trámite en las fiscalías estatales, mientras el otro 17% plantea su conclusión por medio de alternativas de justicia.

Entre mayo de 2018 y enero de 2020 se abrieron 67 carpetas de investigación por delitos contra la imagen personal en Yucatán. Pese a esto, al día de hoy ninguna persona en el estado ha sido sancionada de manera penal.

¿La legislación deja vacíos?

En entrevista con la activista y directora de la organización Igualdad Sustantiva Yucatán, Kelly Ramirez Alpuche, señaló que “lo que no se nombra no se conoce”.

Es por eso que en el ámbito nacional la Ley Olimpia es importante para visibilizar que la violencia digital es un problema común.

Yucatán cuenta con la tipificación de este delito ¿qué hace falta para que la Fiscalía y la policía cibernética puedan actuar a favor de las denunciantes?

—Es verdad que Yucatán cuenta con la Ley de Pornovenganza promovida por Ana Baquedano; sin embargo, existen peculiaridades específicas a diferencia con la ley Olimpia.

—Se pretende que, con la iniciativa federal, los vacíos jurídicos que tiene la ley de Ana Baquedano puedan facilitar los procesos para tipificar o abarcar más delitos en violencia digital.

¿Por qué no avanzan las denuncias?

—Tiene que ver con los procedimientos que se realizan en el interior de las instituciones. Hasta ahorita, la mayoría de los casos que tenemos documentados por acompañamiento de violencia digital no tiene respuesta; en su mayoría sucedieron antes de la pandemia y durante la pandemia, y no hay respuesta a pesar de que existen las carpetas de investigación y se hicieron las denuncias correspondientes.

¿Cuáles son los límites de aplicación dentro del marco jurídico penal que han imposibilitado la aplicación de la iniciativa en casos específicos de Yucatán?

—En específico tiene que ver con la diferenciación entre la Ley de Pornovenganza y la Ley Olimpia.

—La Ley de Pornovenganza tiene tipificaciones muy específicas; por ejemplo, que conozcas quién subió este contenido; que puedas identificar a la persona con la cual hayas tenido una relación sexo-afectiva. Entonces, todos los casos que quedan fuera de estas tipificaciones en ocasiones no pueden tener un seguimiento.

¿Cuál es la importancia de que la Ley Olimpia se promueva a nivel federal?

—Realmente no se llenarán por completo los vacíos jurídicos que pueden existir, porque la violencia es sistemática y tanto las violencias como los delitos van cambiando con el paso del tiempo.

—Lo que se busca es que realmente se pueda implementar por parte de las autoridades, eso sería un gran avance, porque Yucatán en cuestión de violencia tiene bastantes leyes que se promueven y se acatan. Sin embargo, existe un desconocimiento de cómo se realizan las denuncias: cómo es el acercamiento para denunciar, cómo hacerlo y qué pruebas presentar.

—Eso también hace que muchas personas no sepan qué hacer cuando son víctimas de un delito.

¿Por qué es importante que a pesar de que el proceso de denuncia es tardado las mujeres víctimas de violencia digital denuncien a sus agresores?

—Creemos que visibilizar que está sucediendo algo es parte de documentar las denuncias que se realizan.

—A pesar de que existe una frustración por parte de las víctimas porque sus casos no proceden, es importante que denuncien, tiene que darse a conocer que realmente existen estos casos y que la violencia digital es un problema en Yucatán.

—También para comprobar estadísticas sobre la violencia de género debe existir un registro de las denuncias que se realizan, igual eso sirve para visualizar a nivel global que es un problema que acapara a muchas mujeres y el Estado pueda garantizar a todas las mujeres una vida digna y libre de violencia.

Igualdad Sustantiva Yucatán ofrece orientación jurídica gratuita, canalización con organizaciones de apoyo para mujeres o dependencias de gobierno, en caso de denuncias; contención psicológica por llamada en casos de emergencia y psicoterapia con perspectiva de género, para abordar violencia de género a muy bajo costo.

Dentro de sus líneas de trabajo abarcan la “psicoeducación en perspectiva de género y feminismos”, al igual que la sensibilización en temas de disidencias sexogenéricas.

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