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miércoles, febrero 24, 2021
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De uno a seis años de prisión podrían recibir servidores públicos que violenten a mujeres en Yucatán

Agrupaciones feministas promueven iniciativa para sancionar la violencia institucional

Por Alejandro Moreno y Luis R. Castrillón

Una menor de edad, víctima de violación, acude ante las autoridades para denunciar. Ahí, en medio de un ambiente de incertidumbre puede ser victimizada de nuevo, sufrir abuso, burlas o incluso hacerla sentir responsable del ataque recibido solo por el hecho de ser mujer.

Más allá del trauma que lleva en el cuerpo y la mente, tiene que enfrentar otro tipo de violencia que llega desde quienes deberían estar para asistirla y defenderla: la institucional.

Por eso, este 25 de noviembre que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la Comisión de Equidad de Género del Congreso del estado de Yucatán unieron esfuerzos para impulsar una iniciativa que busca tipificar la violencia institucional como delito en la entidad.

De aprobarse e incorporarse a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal, ambos del estado de Yucatán, quienes sean sentenciados responsables de ejercerla podrían pasar de uno a seis años en prisión.

La propuesta de reformas y adiciones a ambos marcos jurídicos fue retomada por la Comisión de Equidad de Género del Legislativo yucateco a partir de una propuesta ciudadana para ser impulsada desde las diputadas que integran ese órgano.

El documento que fue presentado durante la sesión de este día de la comisión referida, propone reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para armonizarla con los artículos 18, 19 y 20 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (marco federal).

También se proponen reformas al Código Penal del Estado de Yucatán para poder establecer sanciones contra quien desde las instituciones públicas ejerza algún tipo de violencia contra las mujeres, lo que implica la tipificación de la violencia institucional.

A mayor detalle, en la ley referida se propone:

Definir la violencia institucional como “toda acción u omisión de las personas servidoras públicas que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar, impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar, y erradicar los diferentes tipos de violencia, así como a cualquier otra a que tengan derecho, siempre que cubran los requisitos exigidos por la normativa vigente”.

Con base en ello “las autoridades estatales y municipales tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de la prevención, atención, investigación, sanción y, en su caso, reparación del daño que les inflijan”.

En tanto, en las propuestas de reforma al Código Penal el documento señala que “comete el delito de violencia institucional contra las mujeres en razón de género, la persona servidora pública que durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión realice cualquier acto u omisión que:

Discrimine públicamente la imagen de la mujer, asociándola a roles estigmatizados que impidan su empoderamiento o su acceso a la equidad de género o a una vida libre de violencia.

Tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; o su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Las conductas mencionadas podrían ser sancionadas en el primer caso “con pena de uno a tres años de prisión y de cien a doscientos días-multa y la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo”.

Y en el segundo caso se prevé sancionar “con pena de dos a cuatro años de prisión y de cien a doscientos días-multa y la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo”.

Además, “cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores, fueren cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementará en una mitad. Para la determinación de la responsabilidad y la imposición de las penas señaladas en este artículo, se seguirán las reglas de autoría y participación en términos de la legislación penal aplicable”.

Sobre el proyecto de reformas de ley, académica e investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Ligia Vera Gamboa, expresó que la violencia institucional se presenta “en el día a día cada vez que una mujer acude a las diversas dependencias, sean estas el sector salud, la Fiscalía, o el sector educación, incluso.”

Ante estas agresiones “decidimos presentar esta iniciativa que en un proceso de armonización de la ley debe contemplar también sanciones”.

“Poner sanciones no significa que deseemos que estas sanciones se tengan (que ejecutar). Lo que queremos es que disminuya la impunidad y que hagamos conciencia todas y todos independientemente”, expuso Vera Gamboa.

Por su parte, la presidenta del Observatorio Nacional de Violencia, Teresita Campos Ancona, expresó que las omisiones que cometen las autoridades ante quienes denuncian todos los actos de violencia en contra de las mujeres “tienen que parar. Venimos a decir alto a la violencia institucional […] Cuando una mujer denuncia, la autoridad no tiene por qué revictimizarla”.

La sociedad, agregó, debe entender que no vivimos en condiciones de igualdad. Vivimos en un estado de violencia contra las mujeres; me refiero a todos los estados y a todo el mundo. Es momento de cambiar la estructura, cambiar las leyes y verlas con perspectivas de género.

Y dejó claro que “esto no significa dar beneficios a nadie o privilegios, sino equiparar, dar una igualdad sustantiva, una equidad y que las mujeres puedan vivir libres de violencia”.

Entre las integrantes de las asociaciones que participaron en la elaboración del documento estuvo Adelaida Salas, representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Sobre la propuesta explicó que se trata de contar con más herramientas para poder enfrentar la impunidad y la violencia que viven niñas, adolescentes y mujeres: “esa que se da en el ámbito de las instituciones porque una mujer cuando es violentada, golpeada, abusada sexualmente, cuando es víctima del secuestro de sus hijos todavía tiene que enfrentarse con funcionarios y funcionarias omisos, corruptos o que carecen de sensibilidad”

No es una únicamente la violencia que se ejerce desde la persona agresora, sino también la que llega desde las instituciones:

Una mujer, adolescente o niña va o es acompañada a denunciar y además de la agresión que sufrió tiene que enfrentarse contra quien le toma le denuncia, contra quien no procesa un expediente o incluso contra juezas y jueces que consideran que algo no es un delito grave porque una carpeta de investigación fue erróneamente integrada.

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