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domingo, marzo 7, 2021
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Atesora riqueza al ayudar a las personas a superar una adicción

Por Alejandro Moreno Peña  

“La experiencia de ayudar a un joven con problemas de adicciones, ver cómo es capaz de renovarse y salir adelante, es la mayor recompensa que me ha dado la vida”, señaló la psicóloga Dulce Beatriz Pineda Alvarado, quien junto con Juan Pablo Euán Cerón fueron nombrados los voluntarios del año del Centro de Integración Juvenil (CIJ).

En el marco del Día Internacional del Voluntario, Dulce Beatriz invitó a los profesionales de la salud, estudiantes de psicología, trabajo social, enfermería y al público en general a vivir una experiencia de voluntariado, porque uno no tiene la menor idea de la riqueza que hay en el dar sin recibir una remuneración monetaria.

Los jóvenes que viven la experiencia del voluntariado, ya sea en prácticas profesionales o servicio social, atesoran riqueza a través del conocimiento, ya que la recompensa se la lleva uno en la experiencia de ayudar a tu comunidad.

“Ahora me doy cuenta que fue la labor de voluntaria la que me permitió aprender y crecer profesionalmente, ya que tenía dificultad para expresarme en público y hace año y medio que estudiaba una maestría en psicología clínica, llegue como voluntaria a CIJ”, comentó.

Dijo que, en los Centros de Integración Juvenil, se enfocan en la prevención ya que  antes de la pandemia, habían programas en forma presencial, que le ayudaron a desenvolverse y tener habilidades para hablar en público, porque trabajó con grupos de primaria, secundaria, preparatoria y universidad.

Beatriz Pineda señaló que ahora —con la pandemia sanitaria— tuvieron que renovarse para llegar a los usuarios a través de las plataformas digitales y atender problemáticas de ansiedad, miedo, estrés, entre otros problemas emocionales ocasionados por el confinamiento.

La licenciada en psicología mencionó que ya tenía experiencia de vida misionera,  donde ayudó a personas con problemas económicos, donde aprendió que la persona no es mala, solamente carece de las herramientas adecuadas.

Cuando platicas con personas con una problemática, ellos pueden conocer las razones que los llevaron a actuar de determinada forma, sin embargo, lo más importante es que el usuario de alguna sustancia tiene que reconocer que tiene un problema y necesita ayuda, va tener una mayor fortaleza para perseverar en su tratamiento, indicó.

Por su parte, Víctor Román Roa Muñoz, director del CIJ señaló que entre los dos centros al año se recibe la colaboración de entre 70 y 80 voluntarios, desde prestadores de servicios sociales, estudiantes en práctica, promotores de la salud, becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro y los voluntarios del patronato. A nivel nacional se tiene 8 mil voluntarios en las 121 unidades del Centro de Integración Juvenil.

Señaló que el 2020 fue un año complicado por la situación de la pandemia sanitaria y la crisis económica, donde tuvieron que migrar de actividades presenciales a virtuales, por lo que disminuyó el cumplimiento de metas y bajaron las acciones preventivas; se registran un promedio de 700 nuevos casos en las dos unidades y 1,500 familiares atendidos.

El Centro de Integración no cerró sus puertas, trabajaron con guardias para seguir ofreciendo el servicios presencial de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde, además implementaron el servicio virtual del tratamiento que tiene la ventaja de que al conectarse, en muchas ocasiones también están presentes los hermanos o familiares, lo que fortalece la red de apoyo.

Víctor Roa indicó que con la legalización de la mariguana, el discurso tendrá que cambiar y ver el consumo de cannabis desde otra perspectiva, ya que ayudará a no criminalizar a los consumidores y, en este sentido, el estado tendrá una mayor obligación para invertir en la prevención y tratamiento.

Sabemos que el consumo de drogas puede generar una dependencia física y emocional, pero se debe respetar la libre elección de las personas, quienes deben saber que, si tienen problemas con su consumo, hay programas que pueden ayudarlos.

Esto nos obliga a respetar los derechos humanos de consumidores y no consumidores; seguir ofreciendo el tratamiento de consejería y rehabilitación, para desarrollar el modelo de reducción del daño como se aplica en otros países y ver el problema como una cuestión de salud pública.

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