Por Mariana Beltrán Cortés
Tras la publicación del decreto presidencial que prohíbe el glifosato y el maíz transgénico en México, miembros de organizaciones como Grupo de Estudios Ambientales (GEA), MA OGM e Indignación, señalaron la importancia de hablar de los transgénicos sin dejar fuera las afectaciones socioambientales y culturales que genera el modelo de agricultura industrial.
Asimismo, durante el Coloquio “Defensa de los maíces y la milpa para la soberanía alimentaria”, la defensora ambiental Leydy Pech denunció la presencia de maíz transgénico en la región y el uso indiscriminado de agrotóxicos (pese a estar prohibidos) que causa preocupación dada la importancia de los maíces nativos en el país.
“Hopelchén es el municipio más deforestado a nivel nacional con una tasa de deforestación cinco veces más alta que el promedio nacional, como consecuencia de la expansión de la agricultura industrial (soya, sorgo, arroz) permitiendo el cambio de uso de suelo”, indicó.
Tan solo entre 2001 y 2019 se registró una pérdida del 20 por ciento de la cobertura arbórea, sin embargo, los daños se extienden a nivel salud y cultural, reflejados en las históricas inundaciones por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal y la muerte de abejas, como una radiografía que refleja los efectos de los procesos de monocultivo a gran escala, provocando también la modificación de los sistemas hidrológicos en la región maya de los Chenes.
La acreedora del Premio Goldman 2020 recordó la aparición de cuerpos de agua superficiales a mediados de noviembre del año pasado como consecuencia de la deforestación y las inundaciones, que detonaron la desembocadura de miles de peces en los campos menonitas de Santa Fé, luego filtrados en pozos de absorción con conexión directa a los mantos acuíferos.
Por su parte, el abogado de Indignación A.C, Jorge Fernández Mendiburu, enfatizó la importancia de señalar las afectaciones ambientales, culturales y de salud, en un país que se asume pluricultural e implementa políticas relacionadas con monocultivos transgénicos, pues es una violación al principio precautorio.
“El principio precautorio establece que no se debe permitir la implementación de ningún tipo de tecnología que no haya acreditado plenamente que no va a generar una afectación para las personas y el medio ambiente”, señaló.
Finalmente, los transgénicos implican no solo el uso de semillas genéticamente modificadas, sino también el de herbicidas como glifosato. Por lo que el decreto anunciado el pasado 31 de diciembre, si bien no indica que deja de existir la siembra ilegal de maíz transgénico y el uso de glifosato, sí es una respuesta a la demanda colectiva hecha desde hace siete años.
