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jueves, marzo 4, 2021
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Feminicidio: el error del discurso

Por VeinteVeinte

En su Segundo Informe de Gobierno, Mauricio Vila Dosal adelantó que hoy lunes remitiría al Congreso (como hizo) una reforma al Código Penal del Estado y de la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en materia de feminicidio.

Pero al dar a conocer la iniciativa, el gobernador expuso que ésta, entre otras adecuaciones, pretende dotar a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la Secretaría de las Mujeres de facultades “para sensibilizar a las víctimas” sobre los alcances del procedimiento abreviado: un sensible error en su discurso.

El artículo 108 del Código Nacional de Procedimiento Penales define como víctima del delito “al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva”, que en el caso del feminicidio son las mujeres privadas de la vida.

Ni el gobernador ni su equipo de comunicación repararon en ese sensible error, que ante el cúmulo de exigencias de la sociedad en la materia rayan en la burla de los familiares de las víctimas.

El término que el equipo del gobernador y él mismo debieron de utilizar se encuentra en el mismo artículo señalado: “se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito”.

La disposición penal agrega que “en los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que este Código le otorga, se considerarán como ofendidos, en el siguiente orden, el o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima”.

Ese lunes, el consejero Jurídico del Estado, Mauricio Tappan Silveira, entregó la propuesta que considera modificaciones al Código Penal del Estado y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, en materia de feminicidio.

La propuesta de reforma contempla modificaciones para el delito de feminicidio. Dicho código prevé una pena por este delito de 32 a 45 años de prisión y de 1,500 a 2,500 días-multa, con determinados agravantes que elevan la pena hasta un máximo de 60 años de prisión, como es el caso de la existencia de la relación de parentesco, laboral, docente o sentimental entre el sujeto activo y la víctima.

En este sentido, la iniciativa prevé regular un agravante para el caso de que la víctima sea menor de edad, con una pena mínima de 50, siendo esta la mayor de entre las previstas actualmente en el código penal local, y una pena máxima de 60 años de prisión.

Se propone regular la pena para el feminicidio contra niñas o adolescentes, es decir, mujeres menores de edad, así como aumentar la indemnización correspondiente cuando existan entre el sujeto activo y la víctima o las personas ofendidas del delito, los vínculos mencionados.

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