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sábado, febrero 27, 2021
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¿Por qué se frenó temporalmente el avance del Tren Maya en Yucatán?

Por Mariana Beltrán Cortés

El pasado 21 de enero el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán ordenó la suspensión del tramo 3 del Tren Maya. ¿Por qué? Semarnat reconoció la ausencia de información en el curso del proceso de consulta pública y pese a ello, Semarnat evalúo y otorgó a Fonatur el permiso para la construcción de la Fase 1 y la publicación incompleta de la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad regional (MIA-R).

¿Qué significa esto? Fonatur no podrá realizar obras nuevas como parte de la ejecución del proyecto mientras se resuelve la suspensión definitiva.

A pesar de que el gobierno federal se ha comprometido con las prácticas transparentes en su mandato, desde 2019 ha declarado mantener en reserva o confidencialidad, documentos de proyectos y casos clave, entre ellos una serie de estudios que encargó a la empresa Steer Davies & Gleave sobre el Tren Maya.

Precedentes como el anterior, han detonado irregularidades en el acceso a la información y participación pública al momento de implementar el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades y pueblos indígenas y la ciudadanía.

Pero entonces, ¿cómo debió llevarse a cabo el proceso? ¿Cómo hacer valer el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y acuerdos internacionales?

Roberto Sánchez, Miguel Anguas y Janet Medina, quienes integran la defensoría Kanan Derechos Humanos y presentaron junto con pobladores de Chocholá, Mérida e Izamal el amparo para obtener la suspensión provisional contra el Tren Maya, dan respuestas a esas interrogantes.

  • Antes de ejecutar cualquier cosa, así sea mantenimiento de vías o una licitación, Fonatur debió de promover la Manifestación de Impacto Ambiental ante la Semarnat, porque esas manifestaciones son previas a que causen algún daño social o ambiental

Dichos informes deben contemplar información técnica interdisciplinaria para comprender en su totalidad los impactos de este proyecto. Así, cuando a Semarnat le llega la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) integra un expediente que debe ser físico y electrónico, para adjuntar la manifestación, los anexos y cualquier otro documento que ayude a entender la información que está presentando el gobierno mismo o en este caso, Fonatur, tratando de ejecutar un megaproyecto.

Las leyes internas contemplan que la Semarnat está obligada a abrir este proceso de consulta al público. Decir: me llegó un proyecto y la MIA con estos anexos, lo voy a sacar al público con tanto tiempo de anticipación para que las personas puedan acudir a la delegación de la Semarnat en los diversos estados donde se vaya a ejecutar el plan, o de manera digital (existe un portal digital), para que puedan cotejar esa información, revisarla, leerla, entenderla y emitir comentarios. Eso está dirigido a la población en general.

Es importante entender la naturaleza de esta participación dentro del proceso de consulta pública de la MIA, ya que sirve para recabar los comentarios y tomarlo en cuenta para evaluar la variabilidad del proyecto

¿Cuáles son las principales omisiones en el proceso de consulta pública en las comunidades de Chocholá, Mérida e Izamal?

— Desde la consulta indígena que se llevó acabo de noviembre a diciembre de 2019, la Relatoría especial de la ONU informó que había fuertes pruebas de que la consulta no se llevó culturalmente adecuada porque no se construyeron los Protocolos de consulta con las comunidades. Desde el centro del país se estableció el procedimiento y la forma de la consulta.  

Eso para nada atiende las formas y mecanismos de decisión de las comunidades. En el caso de Chocholá, daban folletos que estaban en español y maya, sin embargo, esa estrategia no toma en cuenta que algo que caracteriza a las poblaciones mayahablantes que no hablan español es que no leen la maya.

¿Qué consecuencias trae esto en el plano comunitario?

— La cuestión de la división comunitaria tiene muchos matices, en el tema de la consulta no se cumplió con el principio que establece principalmente el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al estándar «libre», porque algunas de las personas de las comunidades están en situación de pobreza.

Pero también porque las autoridades generan choques jugando con las necesidades de las personas para acceder a mejores condiciones de vida en términos de sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).

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