El sistema deja fuera migrantes, indígenas, o personas deportadas o en proceso de nacionalización, entre otras
Por VeinteVeinte
La Alianza Movilidad Inclusiva en la Pandemia señaló que el sistema de registro Mi Vacuna, que el gobierno federal mexicano habilitó para organizar la inmunización de las personas mayores de 60 años en el país, pone en riesgo la salud pública.
Para registrarse, señala ese colectivo de más de 30 organizaciones liderado por el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Amnistía Internacional (AI), se requiere contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) que una gran parte de la población no tiene.
En ese sentido, enfatizan que la vacuna de COVID-19 no debería ser supeditada a un documento de identidad porque “hacerlo es dejar en el limbo a la población migrante, mexicana deportada, binacional que no ha podido acreditar su nacionalidad mexicana por falta de una apostilla, indígena migrante interna, y a aquella que por condiciones de exclusión o rezago de las instituciones municipales no ha podido acceder a un acta de nacimiento o a la corrección de su acta de nacimiento”.
Además, señalan las organizaciones en un comunicado oficial difundido a través de AI, “el gobierno mexicano no ha publicado ningún plan que permita a las personas que no tienen una CURP acceder a las vacunas”.
“De igual manera, a lo largo de la pandemia reportan que el gobierno de México a través del Instituto Nacional de Migración y ante la ausencia de vigilancia sanitaria ha fallado en garantizar a poblaciones en movilidad el acceso efectivo a la salud y a medidas de detención del contagio”, señalan.
El colectivo emitió un “llamado enérgico a los gobiernos de México y Centroamérica, en particular a las autoridades de salud, para que coordinen la gestión de las rutas de acceso a la vacunación poniendo en el centro a todas las personas, sin distinción y con enfoques diferenciados de género, necesidades de protección internacional y de movilidad para no dejar a nadie atrás”.
