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lunes, marzo 8, 2021
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Servidores públicos cometen discriminación y dilación de la justicia hacia una mujer transgénero

Alejandro Moreno Peña

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán se comprometió a emitir una recomendación en contra de los funcionarios públicos que han cometido los agravios por discriminación, dilación de la procuración de justicia y prestación indebida de los recursos públicos contra elementos de la Fiscalía General del Estado y personal médico del Hospital General Agustín O’Horan, informó Grecia mujer transgénero que fue víctima de abuso sexual hace seis años y hasta el momento no se ha resuelto su caso.

La activista pro derechos de las mujeres transgénero sostuvo una reunión con la Codhey, que se comprometió a emitir esa recomendación contra los funcionarios públicos.

La entrevistada dijo que hace seis años puso una denuncia por violación contra Héctor Omar T. quien tiene doble nacionalidad, argentino y mexicano. El Ejecutivo nunca investigó su caso; fue víctima de discriminación de género en todo el proceso.

Gracia señaló que en su denuncia ante la Codhey contra el personal médico del Hospital Agustín O’horán es porque le negó la valoración médica ordenada por la Fiscalía General del estado para un día y una hora; ante su insistencia, la atendieron muchos días después del ataque físico.

Sus seis años de lucha han sido un infierno. Ha recibido amenazas de muerte de parte de su agresor y de su esposa: “han querido cansarme pero no han podido”.

Gracias a que ganó un amparo federal por la violación a los derechos humanos y a la activación del protocolo de identidad de género, su caso ha dado una mayor visibilidad a la lucha de la comunidad LGBTT+, sobre todo a la comunidad transgénero.

La denunciante dijo que es víctima de un crimen de odio, ya que el agresor es homosexual pero está casado queriendo ocultar lo que es. Él pretendía tener relaciones con ella y cuando escucho la negativa enfureció y cometió el delito. Sostiene que está viva de milagro.

Han sido seis años de una lucha solitaria. Acudió a varias asociaciones y recibió violencia verbal y psicológica, una discriminación sistemática por ser una mujer transgénero. Recalca que hasta en la comunidad LGBTT+ ha sido discriminada, pero nada detiene su lucha por justicia.

La mujer dijo que hay nuevos funcionarios en la Fiscalía General de Justicia y su caso avanza pues aquellos se han comprometido a integrar la carpeta, para que el juez de control impute los cargos al agresor y lo vincule a proceso.

La mujer de 40 años dijo que la justicia en Yucatán le ha quedado a deber no sólo a ella sino a los sectores vulnerables de la sociedad, en este caso a la comunidad trans, lo único que quiere es que se le haga justicia y que otras personas no pasen por la desgracia que ella vivió.

La activista dijo que espera de la sociedad respeto, tolerancia, visibilización, acceso a la educación y a la salud pública, derechos que le han sido relegadas durante años.

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