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domingo, febrero 28, 2021
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Tortura y detenciones arbitrarias en el paraíso yucateco

Mariana Beltrán Cortés

Detrás de la idea generalizada de “Yucatán es el estado más seguro del país”, organizaciones como Indignación, Elementa DDHH y Amnistía Internacional han documentado lo que no se admite: en el paraíso yucateco el discurso de paz es el pretexto para cometer detenciones arbitrarias y tortura, principalmente por el cuerpo policíaco.

Desde 2003 entró en vigencia la ley para prevenir y sancionar la tortura del Estado de Yucatán, pero los compromisos y acciones implementadas han sido nulas para la atención de casos de tortura en el estado, en particular porque son las autoridades quienes están implicadas en los hechos.

Al cierre de noviembre pasado, hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) recibió en dos años los casos de 22 fallecimientos de personas detenidas y en custodia de autoridades policíacas (municipales y estatal), los cuales oficialmente se atribuyen a diversas causas, entre ellas el «suicidio» en cárceles municipales.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), entre el 2006 y 2019 se reportaron 594 quejas y 648 investigaciones penales por tortura y malos tratos.

Martha Capetillo, abogada de Indignación, dice que las detenciones arbitrarias, la tortura y los fallecimientos bajo custodia policial son sistemáticas en Yucatán, y tienen una conexión más estrecha de lo que las autoridades admiten.

“El mecanismo de encubrimiento y complicidades entre las autoridades, que involucran a superiores jerárquicos y al mismo gobernador del estado, tratando de minimizar los hechos o desvirtuarlos, es un hecho.”

En su informe Derechos Humanos en Contexto: aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil, Elementa DDHH señala que la falta de información oficial sobre el fenómeno de la tortura en Yucatán, es tal, que los pocos registros e informes tienen en común como fuente de información a la organización Indignación:

–De acuerdo con las investigaciones, muchos de los casos de tortura tienen como antecedente detenciones sin orden judicial, con violencia y otras prácticas como la incomunicación pre­via. Los casos reportados y casos publicados en prensa exhiben que la práctica de la tortura es extendida y persistente; ejecutada casi siempre por agentes policíacos (elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Policías Ministeriales y Policías Mu­nicipales).

–En plena salida del anterior sexenio, Indignación ya denunciaba la deuda en materia de derechos humanos que dejaba Rolando Zapata Bello en su administración como gobernador (2012- 2018). Uno de esos aspectos, es el hasta ahora inexistente protocolo ante cualquier fallecimiento de una persona en cárceles o durante el traslado, es decir, si está bajo custodia policial y fallece, para descartar tortura.

Permanecen impunes casos como el de Roberto Tzab Ek, quien murió en 2010 en condiciones que obligan a sospechar tortura, indica un comunicado de Indignación en 2018, “la actual administración continuó cometiéndose tortura de manera sistemática y generalizada; mientras que el gobierno encubrió a los responsables, la Fiscalía omitió investigar.”

Así lo demuestran casos sucesivos que forman parte del análisis de gestión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (2007-2015), en el que uno de los casos más graves de tortura es el de un joven de 18 años, detenido por agentes de la SSP en 2014, acusado de robar un bulto de cemento. Su hermano de 15 años fue golpeado y al joven acusado de robo lo torturan y simulan una violación. Al paso de un año y medio de presentada la queja, la Codhey se dice satisfecha porque cambiaron a los agentes plenamente identificados de zona y cerró el expediente sin emitir recomendación.

Dos años después, en 2016, familiares de William Roberto Chan Cob denunciaron su muerte en la cárcel de Temax por probable tortura, cuando se encontraba bajo custodia policial. “Me voy a morir. Después de lo que me hicieron los policías sé que no voy a vivir”, fueron las palabras últimas palabras que Chan Cob pronunció a sus familiares que lo visitaron en la cárcel municipal de Temax el 22 de mayo de 2016. Falleció horas después y el servicio médico forense de la fiscalía determinó como causa de muerte, parasitosis.

Justicia para José Adrián es otro de los sucesos de tortura que en ese mismo año se hicieron públicos. Con tan solo 14 años, en el camino de la escuela hacia su casa en Chemax,Yucatán, fue brutalmente golpeado y detenido por policías.

Sin embargo, no hay que irse tan lejos. El año 2020 cerró con 11 muertes de personas bajo custodia policial y en los primeros días de enero, 2 casos se dieron a conocer en la entidad.

El caso más reciente desencadenó que un elemento de la policia municipal de Tekax fuera separado de su cargo y se abriera una investigación en su contra, luego de difundir contenido gráfico de una persona detenida con probables signos de tortura, a través de su cuenta personal de Facebook.

A pesar de ello, los únicos dos casos llevados a juicio has sido contra agentes de la policía municipal de Tekax y agentes estatales, en julio de 2016 y noviembre de 2020, respectivamente. El primer caso se dio cuando varios integrantes del cuerpo policiaco de dicho localidad secuestraron y torturaron a uno de sus compañeros, luego de que este difundiera una grabación donde se apreciaba la tortura a un joven. En el segundo hecho, los 4 policías implicados fueron imputados por el delito de homicidio, luego de que una persona falleciera a consecuencia de asfixia mecánica por oclusión de las vías aéreas.

“En general en el estado, la crisis de derechos humanos es tan grave, porque aunque la detención sea o no arbitraria, se sigue sistemáticamente un trato de abuso, tratos crueles, humillaciones y vejaciones normalizadas. No hay acción por parte de las autoridades para enfrentar este problema y eliminarlo, por eso hablamos de una crisis de derechos humanos,” explica la abogada de Indignación.

Las acciones de la Codhey, sostiene la activista Martha Capetillo, son insuficientes y no cumplen con garantizar el respeto a los derechos humanos. En los casos de tortura, detenciones arbitrarias y fallecimientos bajo custodia policial, “terminan las recomendaciones sugiriendo que den cursos a los policias, obviamente se necesita capacitación, pero eso no puede suplir la rendición de cuentas, el acceso a la justicia y garantías de no repetición.”

A esta omisión, se añade que en las recomendaciones emitidas, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán no nombra el fenómeno la tortura como tal y usa lenguaje ambiguo eufemismos al referirse a prácticas de detención arbitraria y tortura en sus distintas modalidades.

Mientras tanto activistas esperan que, el próximo lunes 22, asista a comparecer al Congreso del Estado el titular de la Secretaría Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda. Donde esperan se le cuestione su responsabilidad en este tema. De igual manera comparecerá el fiscal Juan Manuel León León, en el marco de la glosa del Segundo Informe.

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