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domingo, febrero 28, 2021
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Fonatur simula cumplir órdenes judiciales de suspender obras del Tren Maya

“La actitud de Fonatur y del gobierno federal demuestra que no les importa la opinión de los pueblos originarios”: denuncian

Por Alejandro Moreno Peña

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha simulado hacer caso de las sentencias de suspensión temporal emitidas por Juzgados federales en contra de las obras del Tren Maya, porque encubre los trabajos presentándolos como si fueran “mantenimiento”, aseguró el representante legal de la organización defensora de derechos humanos Indignación, Jorge Fernández Mendiburu.

“El discurso de Fonatur ha sido negar la existencia de las suspensiones cuando las medidas son muy claras en el sentido de que se deben parar las obras del Tren Maya, haciendo énfasis en evitar cualquier destrucción o daño ambiental en toda la obra del Tramo 3 del proyecto que se pueda dar”, expuso en una conferencia de prensa en línea.

Señaló que “es visible que siguen con las obras argumentando el mantenimiento de las vías”, lo cual implica una simulación de parte de las autoridades federales para evadir las resoluciones de los tribunales.

Fernández Mendiburu explicó que las suspensiones temporales contra diversas etapas del Tren Maya entre las rutas de Chiapas, Campeche y Yucatán, indican que deben suspenderse todos los trabajos “con excepción de aquellos que correspondan a mantenimiento” de la infraestructura o en el entorno ya existente.

De esa condición, lamentó, se está aprovechando el Fonatur para continuar las obras justificándolas como mantenimiento.

El integrante de Indignación lamentó que este tipo de cosas podrían ocurrir de igual forma con los demás juicios de amparo que Indignación y otros colectivos defensores de derechos humanos han interpuesto.

Recordó que apenas ayer recibieron notificación de tres sentencias del Juzgado Cuarto de Distrito a favor de los amparos promovidos por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal” y el Colectivo Chuun t’aan Maya en contra de la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) otorgada por Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a Fonatur).

A la fecha existen en total 13 recursos legales interpuestos contra el Tren Maya: dos, en el estado de Chiapas; tres, en Campeche; siete, en Yucatán, y uno en Quintana Roo. De ese total, Indignación está acompañando en nueve solicitudes de amparo.

Pese a las órdenes de los juzgados, lo que se ha visto, reiteró Fernández Mendiburu, es que no se están respetando las suspensiones.

Y citó un ejemplo: en el caso de la que se otorgó sobre las obras en Palenque, Chiapas, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador días después de que se concediera la suspensión provisional fue “un claro desafío”.

“En el caso de las ultimas suspensiones tampoco se han detenido las obras, por lo que las juezas y los jueces deberían hacer validas sus resoluciones porque si no se vuelven en ficción”, indicó.

De acuerdo con los expuesto en la conferencia de prensa en línea, las tres nuevas suspensiones provisionales contra el Tren Maya corresponden al mismo número de juicios de amparo interpuestos el 20 de enero de este año.

En estos se impugna la constitucionalidad de la MIA aprobada por la Semarnat a favor de Fonatur para la construcción del tren, bajo tres argumentos fundamentales:

a) La violación al derecho a la información: las comunidades indígenas a las que pertenecen los quejosos no tuvieron acceso en ningún momento a los estudios derivados de la MIA, es decir, a la información sobre los diversos impactos ambientales locales y regionales que el proyecto denominado Tren Maya acarreará para el medioambiente y el territorio de esas comunidades.

b) La violación al derecho de información a las comunidades afectadas tuvo como consecuencia la vulneración de su derecho a su adecuada participación en la determinación de las implicaciones e impactos ambientales derivados del megaproyecto, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

c) La omisión de realizar una evaluación ambiental regional que incluya todo el estudio de los impactos del proyecto de forma integral y no seccionándolo por tramos, es decir donde se determinaran los impactos acumulativos y sinérgicos o residuales ocasionados del Tren Maya en su totalidad, y no de manera fraccionada como se ha hecho.

El representante de la agrupación Kanan Derechos Humanos, Roberto Sánchez Campos, indicó que la resolución del Juzgado Cuarto reconoce la importancia de la MIA en la toma de decisiones:

“… el acto reclamado consiste básicamente en la autorización de impacto ambiental, que, conforme a la ley de la materia, es la culminación de un proceso en el que se somete a criterio de la autoridad un catálogo de efectos que una obra puede llegar a generar sobre el medio ambiente.

En tal virtud, dicha determinación implica un riesgo preponderante para el ejercicio del derecho a un medio ambiente adecuado por parte de los quejosos y no solo de estos sino de sus descendientes, ya que la naturaleza de tal derecho tiende a proyectarse hacia el futuro, buscando que, a la par de la explotación de los recursos naturales para el bien de la generación actual, también se garantice el disfrute de tales recursos, responsablemente, de las generaciones futuras”.

En ese tenor, se estima que está justificado el peligro que implicaría para la salvaguarda del derecho en cuestión, que no se concediera la suspensión: “…se estima que es un tema de relevancia para la sociedad en general que se garantice un desarrollo sustentable, esto es, que sin que se impida el progreso de la comunidad existente, se salvaguarde una esperanza de progreso para quienes conformarán esa comunidad en un futuro más lejano.”

“… también se estima que existe un interés social en la protección de derechos de tan amplio alcance, como el del derecho al medio ambiente y a una vida digna y a la posibilidad de desarrollar los proyectos de vida de generaciones futuras.”, señala la determinación del Juzgado Cuarto de Distrito.

Por ello, se añade, el Fonatur debe detener las obras del tren maya relativas al Tramo 3, deteniendo “los trabajos de construcción que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies de animales autóctonas del territorio del estado” hasta en tanto se define en materia de la suspensión definitiva.

“Estas nuevas suspensiones, se suman a las que diversas comunidades de la Península (de Yucatán) han obtenido en contra del Tren Maya, evidenciando una vez más que el Ejecutivo Federal ha violado sistemáticamente los derechos de las comunidades mayas a la libre determinación al invisibilizarlas y excluirlas del proceso de tomas de decisión sobre un proyecto que afecta y pone en riesgo su territorio y su integridad cultural, señaló Hernández Campos.

Por su parte Gregorio Hau Caamal, integrante de Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, dijo que las autoridades federales hacen un acompañamiento del proyecto del Tren Maya en el que “tratan a los pueblos originarios como niños”, lo cual demostrado Fonatur durante todo el proceso de las consultas públicas y la realización de las manifestaciones de impacto ambiental.

José Coyoc Ku, integrante de esta última agrupación, consideró que la actitud de Fonatur y del gobierno federal demuestran que no les importa la opinión de los pueblos originarios.

Hay un racismo estructural”, afirmó, ya que pese a concedérseles la razón de parte de los juzgados, al gobierno federal parece no importarle pasar por encima de los derechos

Sin embargo, aseguró que continuarán demandando su derecho a la libre determinación como pueblos originarios y se interpondrán todos los recursos que sean necesarios para obtener la suspensión definitiva del proyecto.

Hay racismo constante de Fonatur quien asegura que no podemos organizarnos para resolver nuestros problemas, cuando son 42 integrantes de comunidades en la Península de Yucatán las que se encuentran en la lucha por la suspensión definitiva del proyecto, indicó Coyoc Ku.

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