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Como anunciamos, ayer comparecieron en el Congreso titulares de Gobierno, Seguridad Pública, Administración y Finanzas y de nada sirvió. Los diputados locales, de todos los partidos, ignoran cómo llegaron los nombres de familiares y amigos del gabinete entre los millonarios apoyos de la pandemia; cómo se seleccionaron, sin mediar concursos, la compra de miles de despensas, de los ventiladores, cómo se han ejercido puntualmente los mil 500 millones de deuda especial CODIV-19 que los mismos diputados aprobaron; ni siguiera hay visos de vigilancia que ese dinero esté en subejercicio del Presupuesto de Egresos 2020.
En el teatro legislativo:
María Fritz Sierra no explicó cómo las cadenas de restaurantes de sus hijos fueron seleccionados en los programas de apoyo del Gobierno del Estado del que toma parte, pero dijo que la pandemia exigió actuar con prudencia y rapidez.
Según ella, desde el 1 de septiembre pasado, cuando arrancó la reapertura económica, «hoy está en funcionamiento el 96% del total de nuestra economía», dice que este gobierno protege y genera empleos para los yucatecos y sus familias.
Sobre los fenómenos naturales, María Fritz nunca explicó porqué no se instaló el Consejo Estatal de Protección Civil ni se encendieron los semáforos de alerta pese a la evidente amenaza Amanda-Cristóbal. Los diputados tampoco saben explicarnos cómo es que, por primera vez en la historia de Yucatán, el gobierno del Estado no hizo de su parte para pagar el seguro contra riesgos a los productores del campo en 2020.
Olga Rosas Moya, no dijo nada sobre los millonarios apoyos que el Ejecutivo destinó a la cadena de restaurantes Lapa-Lapa, de la empresa familiar. Así como de otros privilegios que han gozado la familia Rosas Moya, empezando por su hermano Rodolfo, uno de los principales financiadores de la campaña panista a la gubernatura en 2018.
También compareció el Secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, quien nunca explicó a los diputados cómo es que compró chalecos blindados a $19,927.51 a una empresa a modo, «Servicios Empresariales CERBER», mientras que a nivel nacional esos chalecos tienen un costo de $8,794.50
La polémica preferencia de Saidén por los sobreprecios ocasionó la suspensión de un programa de prevención del delito en la juventud, pero más grave, guardó absoluto silencio por los fallecimientos de personas detenidas por policías.
Finalmente, el llamado «fiscal carnal de Saidén», Miguel León León, no aportó mayores elementos sobre la mafia inmobiliaria inscrutrada en el gabinete y la burocracia legal del Poder Ejecutivo Local, la cual durante la pandemia le estalló en las manos a su sucesor Wílberth Cetina Arjona.
